Prosperidad Social, entidad colombiana, confirmó que más de 20.000 personas se han registrado como fallecidas aparecen recibiendo subsidios habitualmente emitidos por el Estado colombiano. Esta noticia ha additionalxado gran inquietud entre la ciudadanía, que exige una urgente investigación y explicaciones por parte del gobierno.

¿Cuál es el monto total de los subsidios que han sido pagados a las personas registradas como fallecidas en Colombia?

Aunque hasta el momento el monto total de los subsidios que han sido pagados a las personas registradas como fallecidas no se conoce, se supone que en el último año estos subsidios hayan acumulado un monto significativo. Declaraciones hechas por la Secretaría de Hacienda de Colombia indican que el Estado ha pagado alrededor de 18.000 millones de pesos aproximadamente. Esto equivale a aproximadamente USD 6 millones. Muchos de estos subsidios han sido pagados a nombre de personas que figuran en la base de datos del Ministerio de Trabajo como muertas, según el Presidente de la entidad Prosperidad Social, Carlos Ernesto Sanabria Urrego.

Los hechos son alarmantes. No solo por el gran monto involucrado, sino porque estarevelan que existen anomalías en las prácticas y el control de los programas gubernamentales. Para cobrar estos subsidios, se se pide solamente una copia de la cédula de identidad vigente, lo que abre la posibilidad de que sean fraudulentos. Esto situación, evidenciada por el Presidente de Prosperidad Social, Carlos Ernesto Sanabria Urrego, ya ha sido reportada a la Fiscalía, quien se encuentra a cargo de una investigación para descubrir a los responsables. La entidad también ha anunciado su intención de tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esta situación no se repita en el futuro. Es esencial que se pongan en marcha mecanismos efectivos de auditoría para detectar fraudes y evitar que se utilicen fondos del Estado de forma inadecuada.

¿Cuánto tiempo lleva este problema de subsidios a muertos en el país?

El problema de los subsidios a muertos en Colombia lleva años. Las malas prácticas administrativas y la deshonestidad en la gestión de fondos asignados por el Estado para apoyar a la población de escasos recursos se han venido arrastrando desde hace varios años. El problema fue denunciado por primera vez a fines de 2018, cuando se reveló que el ministro de Hacienda vinculó a más de 11.000 personas muertas al registro de beneficiarios de subsidios y bonificaciones, lo que significaba una pérdida de cerca de $47 millones durante el año anterior.

Mientras tanto, los funcionarios gubernamentales han seguido admitiendo que el sistema subsidiario es vulnerable a la corrupción, la malversación de fondos y la distribución ineficiente. Durante los últimos años, el gobierno ha tomado medidas enfocadas en tratar los problemas de subsidios a muertos y asegurar el control de la identificación y la inscripción de los afiliados. Esto incluye un esfuerzo para mejorar la verificación de la identidad de los beneficiarios y evaluar los registros de los deudos.

Sin embargo, el problema de los subsidios a muertos se ha prolongado. El gobierno colombiano ha tenido problemas para implementar un sistema de seguimiento que identifique oportunidades para la fraude y la deshonestidad gubernamental. Esto ha generado una severa falta de confianza entre la ciudadanía y ha conducido a numerosos escándalos de corrupción, los cuales continúan siendo una preocupación de la entidad de Prosperidad Social.

¿Qué medidas está tomando el gobierno colombiano para investigar y solucionar esta situación de subsidios fraudulentos?

Para investigar y solucionar esta situación de subsidios fraudulentos, el gobierno colombiano ha puesto en marcha varias medidas. Una de ellas es establecer un panel de expertos que aborden el problema a través de un enfoque interdisciplinario. El equipo de expertos examinará la infraestructura de los sistemas de información social, el diseño y la implementación de la gestión presupuestaria así como la debida aplicación de los recursos. También analizarán los procedimientos implementados para recolectar, almacenar y manipular los datos, y los procesos para determinar el derecho de los ciudadanos a recibir subsidios. Otra medida tomada por el gobierno es la firma de convenios con entidades espcializadas en la prevención de fraudes. Estos acuerdos establecerán los límites de responsabilidad y control, así como los mecanismos de verificación necesarios para garantizar la seguridad de los datos y procesos. El gobierno también ha comprometido su compromiso de mantener transparencia y rendición de cuentas con todos los involucrados, así como de actualizar el sistema de pagos para evitar conflictos en el futuro.