Ayer, miércoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Carlos Lesmes, presentó una declaración institucional firmada por ocho vocales proponiendo “que se mantenga firme el respeto al imperio de la ley y se evite la denigración y la conversión (del Estado de Derecho)”, según el diario EL PAÍS. Las críticas se refieren a la propuesta de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha desatado una polémica entre los grupos conservadores y las organizaciones de Derechos Humanos.

¿Cuáles son los principales argumentos expuestos por los grupos conservadores para oponerse a la propuesta de amnistía?

Los grupos conservadores que se están oponiendo a la propuesta de amnistía de Pedro Sánchez del Gobierno se han apoyado principalmente en argumentos de derecho. Están preocupados de que una amnistía generalizada pueda enmascarar a algunos infractores y condenar a los verdaderos responsables a ser indiferentes a los delitos. Además, estos grupos están preocupados de que cualquier amnistía otorgue a los delincuentes una impunidad absoluta, lo que puede desestimular el respeto general por el Estado de Derecho. Esta preocupación es aumentada por la crítica de la división de poderes, ya que el Gobierno estaría otorgando amnistías previstas e impuestas por él mismo. Por último, los grupos conservadores están criticando las posibles consecuencias sociales y políticas de la amnistía, especialmente en términos de seguridad pública. Argumentan que las personas que cometan delitos saben que pueden ser indultadas, lo que llevaría a un disminución del respeto por la ley como resultado.
En respuesta a estas críticas, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que esta amnistía no interferirá con su responsabilidad de velar por la justicia y asegurar que los infractores sean responsables de sus acciones. Esta propuesta de ley elite contemplará un mecanismo de control para prevenir y limitar los casos de abuso, y se espera que ofrezca mecanismos de restitución a las víctimas. El Gobierno ha recibido el apoyo de algunas organizaciones de derechos humanos que ven la amnistía como una solución a la situación de encarcelamiento masivo de migrantes, como también otros reclusos con resultados desproporcionados. Estas organizaciones consideran que hay muchos casos que deben ser revisados y competir individualmente. Por lo tanto, la amnistía puede ser una solución para los casos injustos, mientras se permite que la justicia siga su curso.

¿Cómo ha respondido el Gobierno de Pedro Sánchez a las críticas emitidas por el Consejo General del Poder Judicial?

El Consejo General del Poder Judicial explicó que los principales argumentos contra la amnistía son “la degradación de la dimensión moral de los contenidos normativos referentes a la conducta humana”. Los gastos y pérdidas de posibles valores en los procesos de ejecución de penas, consideraron que “afectarán la litigación de los contenidos básicos de la naturaleza jurídica de la pena”.

En respuesta a las críticas de los grupos conservadores, el Gobierno de Pedro Sánchez reiteró su compromiso de garantizar el respeto al Imperio de la Ley y señaló que las cosas no pueden seguir siendo como hasta ahora. Reconoció los riesgos y desafíos que abordarán al reducir el número de penas cada vez mayores y consideró que la amnistía sería una respuesta adecuada a este problema. Por otro lado, el gobierno subrayó la necesidad de abrir el debate sobre la parte que debe jugar el Poder Judicial para asegurar una justa e igual aplicación de estas decisiones.

Además, el Gobierno de Pedro Sánchez destacó que la propuesta está abierta a sugerencias de la mayoría, especialmente del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Socialista también se unió a la campaña por la amnistía, afirmando que la ley de amnistía es una medida necesaria para abordar la situación de muchas personas que se encuentran en situación de desigualdad o vulnerabilidad.

Sin duda, el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez supone un gran avance para el sector de Derechos Humanos en España. La amnistía aprobada podría afectar positivamente a personas que han sido víctimas de la desigualdad social y permitirá una reestructuración de la justicia penal española. Aún queda mucho trabajo por hacer para implementar esta ley de forma exitosa. El Gobierno espera recibir la colaboración de los grupos conservadores para lograr una Justicia justa y equitativa para todos los españoles.

¿Qué otros grupos sociales están apoyando y cuáles están oponiéndose a la propuesta de amnistía?

La propuesta de amnistía del Gobierno está recibiendo el apoyo de diversos sectores sociales, incluidos los grupos pro-democracia, la izquierda y los activistas de defensa de los Derechos Humanos. Estos colectivos sostienen que la propuesta generará justicia para las víctimas de la represión franquista, contribuirá al respeto de los derechos humanos y permitirá a España alcanzar la verdadera reconciliación. Por otra parte, también hay grupos que se oponen a la propuesta, como los medios de comunicación conservadores, grupos de la derecha política, y algunos miembros del academias y colegios profesionales. Estos grupos argumentan que la propuesta de amnistía viola los principios constitucionales y traiciona la separación de poderes entre el ejecutivo y judicial. Además, dicen que no se está dando un tratamiento equitativo a los víctimas de la represión franquista y se está defendido a los delincuentes.