En 2022, se llevó a cabo una reforma en la legislación que ha resultado en un total de 467 sanciones en el sector agrario en España, la mayoría de ellas debido a pagos tardíos. Ante esta situación, el sector agrario ha denunciado falta de control y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tomará medidas al respecto. Planas va a reclamar a los consejeros de las comunidades autónomas una mayor implicación en el control y vigilancia de las sanciones. Además, la Unión de Uniones ha convocado una concentración en Madrid, en la que participarán alrededor de mil tractores, para exigir una mayor implicación del gobierno regional. Ante esta presión, el Gobierno tiene previsto crear una agencia estatal de información y control alimentario con el objetivo de aumentar la capacidad de inspección en el sector. Esta medida resulta de vital importancia para garantizar la seguridad alimentaria y el cumplimiento de las normativas.
El Gobierno busca cambios en la Política Agraria Común (PAC)
España busca forzar cambios en la Política Agraria Común (PAC), con el objetivo de poder brindar un mayor apoyo al sector agrario. Si bien se trata de modificaciones puntuales, se consideran fundamentales para poder ayudar a los agricultores y ganaderos del país. La propuesta gubernamental ha sido recibida con ciertas críticas por parte de las organizaciones profesionales agrarias, quienes señalan la falta de concreciones y reclaman una mayor coordinación en las políticas relacionadas con la agricultura. Asimismo, consideran que las medidas planteadas hasta ahora no son suficientes para satisfacer las demandas de los agricultores y ganaderos. En este sentido, se espera que el Gobierno tome en cuenta estas opiniones y realice los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sector agrícola en España.
Exigencias de las organizaciones agrarias al Gobierno
Las organizaciones profesionales agrarias tienen una serie de exigencias que esperan que el Gobierno cumpla. Una de ellas es imponer multas más elevadas a las grandes empresas que forzan a los agricultores a aceptar condiciones desfavorables. También solicitan la puesta en marcha de medidas sencillas que puedan responder directamente a las necesidades de los agricultores y ganaderos. Además, reclaman una mayor coordinación por parte del Gobierno para garantizar que las políticas relacionadas con la agricultura sean efectivas y se ajusten a las demandas del sector. Estas demandas han surgido como respuesta a la propuesta gubernamental que, según las organizaciones agrarias, no está lo suficientemente detallada y precisa.
“Desde que se reformó la legislación en 2022, las sanciones ascienden a 467, la mayoría por pagar tarde.”
– Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
“El Gobierno creará una agencia estatal de información y control alimentario para incrementar la capacidad de inspección que lleva a cabo la legislación en 2022.”
– Fuente: Gobierno de España
“España quiere forzar cambios en la Política Agraria Común (PAC). Modificaciones puntuales, pero fundamentales para poder ayudar a los agricultores y ganaderos.”
– Fuente: Spanish Young Farmers’ Association
“Las organizaciones profesionales agrarias van a exigir al Gobierno que imponga multas más elevadas a las grandes empresas que les fuerzan a aceptar condiciones desfavorables”
– Fuente: Spanish Young Farmers’ Association